En las últimas semanas hemos visto que los avances de Hugo Moyano, titular de la CGT van sobre todos los frentes. Frentes activos “de hecho” como los bloqueos a empresas y que aun no se han solucionado y frentes formalmente menos cuestionables como el que nos ocupa hoy.
Compartir una parte de las utilidades de las empresas con los trabajadores será siempre un tema polémico y de arduo debate, pero ineludible. Este derecho, plasmado en la misma Constitución Nacional en su art. 14 bis donde dice que las leyes “asegurarán al trabajador la participación en las ganancias de las empresas, con control en la producción y colaboración en la dirección”. Esto está claro.
Lo cierto es que ésta “Ley” todavía no sale pero la insistencia de la central obrera y del diputado oficialista Héctor Recalde hacen preveer que no faltaría mucho tiempo para que esto ocurra.
Sintéticamente podemos decir que la idea es que en un comienzo el reparto de ganancias se instrumente solo respecto de empresas con más de 300 trabajadores. El resto de la implementación será gradual.
Serán calculadas sobre la “utilidad anual” de la empresa, a lo que se le descontará los impuestos y las inversiones. También, según Recalde, se van a descontar las utilidades que se “reinviertan” con el fin de incrementar la productividad o aumentar la nómina salarial. También la idea sería que con parte de esas ganancias se destine a un “fondo solidario de financiamiento” para asistencia para trabajadores “en negro” o desocupados que cobren la asignación universal por hijo. Los montos “repartidos” entre los trabajadores tendrán carácter “no remunerativo”.
Por su parte, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, no escatimó críticas a éste proyecto que seguramente el martes sea presentado al Congreso quien llegó a comparar a la Argentina con Cuba. Los industriales se niegan a “socializar” las utilidades de las empresas. Si bien la postura es sumamente crítica y dura, en un punto es atendible. Y es el punto donde se pretende una actitud de diálogo y consenso con los sectores sociales involucrados. Actitud que, más allá de lo bueno o malo que pudiera resultar la iniciativa, el oficialismo no tiene. Definitivamente no es el estilo de éste gobierno.
Lo cierto, y a modo de conclusión, entendemos que más temprano que tarde la ley va a ser sancionada. El gobierno no va a dialogar y la UIA seguirá en desacuerdo. Porque así funciona el sistema de pesos y contrapesos en el mundo –no seamos soberbios que pensemos que esto solo ocurre en Argentina-. Para la UIA, nunca habrá un proyecto sobre el tema que llegue a conformarla. Nunca será un buen momento para “repartir ganancias”. Ni muchas ni pocas. Con un destino o con otro. Pero la presión se hace cada vez más fuerte y no pasará mucho tiempo para que ésta o una ley semejante sea finalmente sancionada.
Habrá que repartir. Está en la Constitución.
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septiembre 11, 2010 en

